jueves, 14 de julio de 2016

Paro camionero: ¿la pobre viejecita?

Por Anuar Saad


A un mes de paro camionero, del que no hay luces sobre su levantamiento, fuentes oficiales, dan cuenta de cifras cercanas a los 90 mil millones de pesos en pérdidas…y   contando.

Lo que la comunidad no tiene claro es a quien beneficia este paro. ¿Están representados en él los conductores de las tractomulas y camiones? ¿Aquellos que trabajan por jornadas recorriendo el país en esos gigantes de acero exponiendo a diario su vida? ¿O acaso el paro es para engordar aún más las fortunas de los “pobres camioneros”, muchos de ellos dueños de más de la mitad del parque automotor del país?

La petición de la reducción de fletes (que es lo que demandan los camioneros y a lo que el Gobierno le ha ido dando largas desde hace años) tiene como sustento lo complicada de la geografía colombiana, el estado de sus vías y la dificultad que supuestamente representa mover mercancías por lo largo y ancho de nuestras carreteras. Paralelamente a ello, está sobre la mesa la reducción del precio de la gasolina y exigen que este se ajuste a los estándares del precio internacional del petróleo que en los últimos meses ha caído a 53 dólares el barril.

Más allá de sopesar la validez o no de los reclamos sería bueno detenerse en la forma del reclamo mismo. No estamos hablando de un paro de maestros, cuyo sacrificio y entrega por educar a una generación, se ve compensada con sueldos de quinta categoría. Estamos hablando de un monopolio empresarial (por llamarlo de algún modo) que en cabeza de dos o tres “capos” tienen más del 40% de los monstruos rodantes que abastecen todos los municipios de Colombia. En pocas palabras: es un paro con visos de intereses políticos, de terceros orquestando desde las sombras la prolongación de un paro con la esperanza de que, si sigue ahogando al país –llámese ciudadanos del común- al Gobierno no le quedará otra alternativa que ceder a sus intereses.

Bloquear carreteras, atentar contra un Gobernador y su comitiva, fomentar desmanes, prender la mecha para que se genere violencia, inmovilizar a viajantes y obligar a repagar productos cinco veces por encima de su precio, no es ya un paro: es una de las muchas formas que existe de terrorismo.

No nos llamemos a engaños: los que están en contra de la paz azuzan el paro; reinventan triquiñuelas para generar el  caos y mandar un mensaje perturbador a la sociedad. Es cierto y hay que aceptarlo, que el Gobierno –este y los anteriores—no han sabido manejar o no han querido hacerlo, los conflictos de vieja data con los transportadores. No se ha llegado a acuerdos definitivos, sino que, como las abuelas, han querido curar los males con paños de agua tibia y eso hoy ha explotado.

El pronunciamiento reciente del Gobierno que anuncia medidas drásticas que incluyen extinción sobre la propiedad de las tractomulas y camiones que bloquean las vías es una medida radical, pero acertada. Y lo es, porque la señora de la esquina, que compraba su diario con 15 mil pesos en la tienda, hoy necesita más del doble para comer. Porque no hay derecho que el apetito voraz de zares del transporte, dueños de fortunas en algunos casos de dudosa procedencia, y envueltos en turbios líos jurídicos esté por encima del bien común, tal como lo apunta Manuel Humberto Restrepo Dominguez en una nota en el portal noticioso Las Dos Orillas: “…¿Afecta para algo que uno de los lideres principales de la ACC (Pedro Aguilar), gran propietario, haya sido senador del partido ASI y candidato la última vez por el partido de la U, y su hermano Luis Aguilar fuera detenido por estafa al estado en el sector vehicular de carga? ¿Es adverso a la lucha social que en sus bases el exitoso empresario Henry Cubides fuera calificado como el camionero mayor?  ¿Existirá todavía el informe de la Superintendencia anunciando haber hallado que de 30 mil empresas de carga registradas en la Cámara de Comercio, solo 2.500 estaban habilitadas por Mintransporte?...”

Es por eso que, más allá de elucubrar si es justa o no la protesta, condenamos la forma de hacerlo. No estamos ante una marcha a la que la democracia permite y alienta. Estamos ante una forma de chantaje que, mientras espera que la balanza se incline a su favor, le importa un comino que  millones de compatriotas –esos que no son dueños de camiones, incluyendo a quienes los manejan—estemos desabastecidos de alimentos o siendo víctimas indefensas de una inflación sin precedente.


Mientras tanto, ellos ahí, tal cual como “la pobre viejecita”  haciendo muy mal el papel de víctimas.

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