martes, 1 de febrero de 2011

¿Qué pasó en Villa Paraíso?

La tragedia que enluta a la familia Álvarez Macea es un terrorífico campanazo de alerta para las autoridades y para miles de familias que viven en condiciones similares.

POR ANUAR SAAD

La tragedia del sábado 29 conmocionó a Barranquilla, la Costa Caribe y al país. Ese triste episodio no es más, por cruel que parezca, una muestra de el drama social en medio del que sobreviven centenares de familias en la ciudad y la Región: a falta de una vivienda digna –supuesto derecho de todos los colombianos y que cada vez se vuelve más inalcanzable—hay que cohabitar, como se pueda, en 25 metros cuadrados lo que para muchos de los que están leyendo esta columna, representa uno de los cuartos de su casa.

Los interrogantes, sin embargo, dejan más de una preocupación flotando en el ambiente. El editorial de El Heraldo del lunes afirma que desde 2008 el cambuche dónde vivía la familia (padre, madre y ocho hijos) era una especie de “bomba de tiempo” ya que muchos habitantes del sector, sostenían que la “invasión” los despojaba de un pedazo de parque al que la comunidad tenía derecho. La familia, por su parte, reiteraba que después de 20 años de habitar allí, solo saldrían si el Distrito los reubicaba en una vivienda digna.

No se trata de especular en estas líneas, que algún o algunos intolerantes sean causante directo o indirecto de la muerte de los cuatro hermanos. Pero si le damos crédito (¿por qué no hacerlo?) a las declaraciones de Oscar Álvarez, el padre de los jóvenes, ellos no cocinaban con gas sino con estufa eléctrica: no encendían fuego de leña dentro de la vivienda y aún no es claro que un cortocircuito haya sido el responsable. La verdad, que sea cual sea la causa, lo que queda claro es que el Estado es culpable y, en este caso en particular, las autoridades distritales de la época quienes desde hace 20 años le “bailaron el indio” a una problemática que terminó en tragedia.

Nunca se atendió una solicitud ni de la comunidad de Villa Paraíso sobre la ilegalidad y el estado inhumano en que sobrevivían hacinadas diez personas en 25 metros, ni mucho menos los pedidos de ayuda que la familia repetidamente lanzara por diversos canales (entre ellos El Heraldo) para que fueran reubicados.

Espanta, entre otras muchas cosas, la insensibilidad de empresas públicas como Electricaribe que es muy buena para dar cifras, hacer balances y llorar sobre la leche derramada, pero que a pesar de reconocer que hay una cifra escandalosa de ciudadanos que están en riesgo de padecer la misma suerte, no toman los correctivos necesarios para que no vuelva a suceder ¿Cuántas veces hemos leído en los diarios, visto en los noticieros o escuchado en la radio que alguien muere por un cortocircuito o una descarga dentro de su casa? Casi siempre estos hechos suceden en barrios subnormales. Si ellos necesitan la energía para subsistir y el Distrito no ha podido ni sacarlos ni reubicarlos ¿qué impide que las conexiones eléctricas se hagan legales por parte de la empresa y se les expida factura mensual como a todos? Reconozco desconocer si esto es técnicamente posible, pero de lo que no me cabe duda es que existe, desde décadas atrás, una indolencia estatal que crece al mismo ritmo de las cifras trágicas que dejan los incendios o descargas en ranchos, cambuche o chozas que desesperadamente coterráneos tienen que construir para no dormir a la intemperie.

Hoy, seguramente, los Álvarez Macea serán anunciados que próximamente podrán ocupar una vivienda digna entregada por el Estado. Y este anuncio, llegará 20 años y cuatro hijos tarde. Desgraciadamente se necesita que corra la sangre, que mueran indefensos, que perezcan menores, que lo local se vuelva mundial, para que nuestros comprometidísimos y flamantes mandatarios se pellizquen y sepan, que además de hacer obras visibles que se conviertan en votos, hay muchas obras silenciosas, pequeñas tal vez, que no serán tan representativas en las urnas, pero sí ayudarán a salvar vidas.

Si las decenas de muertes aisladas en los últimos años por parecidas circunstancias no fueron suficientemente significativas, ahí les queda indeleble el drama de esta familia que, además de perderlo todo, se quedó también sin cuatro de sus hijos. Una pérdida, definitivamente, imposible ya de reparar, pero que con dos dedos de sensibilidad y sentido humanitario, se hubiera evitado desde hace algunos años.

Mientras tanto, quedan interrogantes:

¿Para que esto no vuelva a repetirse necesitaremos de nuevas tragedias? ¿Por qué a pesar de los llamados de la comunidad nadie hizo nada en 20 años de problemática? ¿Hay certezas de las causas del incendio o es posible que haya sido provocado? Mientras tratamos de responder a algunas de estas preguntas, otro ciudadano como usted o como yo, seguramente está armando su cambuche en algún parque o lote enmontado de la ciudad. ¿Hasta cuándo?

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